Esta semana presenciamos un hito que puede haber pasado desapercibido frente a la pirotecnia. Corporaciones, no la ley o el gobierno, dictaron y sancionaron con respecto a la libertad de expresión. Todos nos enteramos de cómo Twitter y Facebook bloquearon, primero temporalmente y después en forma definitiva, al presidente de Estados Unidos por su incitación a la violencia a través de estas plataformas. Después de cuatro años de gobierno, la gota que rebalsó el vaso cayó el miércoles pasado. Cientos de adherentes de Donald Trump asaltaron el Capitolio, exigiendo justicia ante una elección presidencial-en palabras de su líder -robada.
Menos publicitado, pero yendo un paso más allá, Apple y Google entraron al juego con una medida implacable: retiraron de sus tiendas online a Parler, la aplicación más descargada de la semana pasada, donde miles de seguidores de Trump encontraron un espacio para continuar enzarzando discursos de odio y sus teorías conspirativas. El golpe de gracia lo dio al día siguiente Amazon, dando 24 horas a Parler para encontrar un nuevo proveedor almacenamiento en la nube. En menos de un fin de semana la red social alternativa perdió sus principales canales de venta y su principal proveedor tecnológico.
Dejando de lado la arista donde las empresas más grandes del mundo tienen la posibilidad de destruir un potencial competidor en cuestión de horas, el tema de fondo es cómo fueron las Big Tech, no el Congreso, las que legislaron de facto con lo que se puede decir o no. Esto evidencia el enorme poder de tienen muchas empresas en las manos, y cómo frente a la lentitud las instituciones públicas, ellas actúan, pues al igual que en el mundo político, las empresas también son juzgadas por la opinión pública y sus stakeholders.
Karl Popper describió cómo la tolerancia sin límites eventualmente nos llevaría a la intolerancia. Esta famosa paradoja nos recuerda que el límite de la libertad de expresión está en la incitación al odio y la violencia. Sin embargo, durante más de 4 años se sostuvo un debate en torno a las mentiras e incitaciones de odio por parte del líder del partido republicano, más solo se actuó cuando era demasiado tarde. Peor aún, no actuó el gobierno, ni la Corte Suprema, ni algún otro órgano público o político. Fueron las empresas las que tomaron en sus manos el acto de dictar los límites de un asunto eminentemente político.
Las corporaciones más grandes del mundo, siendo juez y parte, actuando en nombre del bien común, reemplazaron el aparato democrático. En un país donde la Corte Suprema ha refutado cada intento de limitar la libertad de expresión, esto se resolvió por secretaría. No es una crítica al capitalismo, sino una constatación de hechos. Convencido de que un capitalismo inclusivo es clave para la prosperidad de la sociedad, es esencial entender el rol y alcance de las empresas hoy.
Es interesante cómo las empresas toman una postura política y buscan que, tanto sus clientes como proveedores, estén alineadas con esta. Puede que esto sea algo positivo o no, está por verse. Es sin duda una evolución determinante en nuestro equilibrio político-económico. Un nuevo paradigma que empieza a tomar forma. Uno donde al parecer la pregunta será, si estas decisiones que esperamos tomar en sociedad, será través de las urnas o de nuestras decisiones de compra. ¿Votaremos o compraremos por la sociedad que queremos?
Columna originalmente publicada por La Tercera
Tomás Sánchez V.
Autor de Public Inc.
Investigador Asociado, Horizontal.
